“La migración, con los flujos como los que conocemos hoy, es un fenómeno reciente, de apenas 25 años. Y es muy poco tiempo para la adecuación que deben tener las distintas instituciones, y la que debe tener el Estado en general, sobre la forma en que se da respuesta a los distintos desafíos de la migración. Esto que hace que todavía al Estado de Chile le cueste entender un poquito cómo relacionarse y sobre todo qué es lo que puede obtener de la migración.

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“El capital humano avanzado, ese que tiene algún nivel de calificación, como es el caso de los profesionales y técnicos, que han adquirido sus destrezas técnicas y profesionales en establecimientos educacionales en el exterior –situación en la que están no sólo los extranjeros sino también algunos chilenos- es uno de los temas pendientes en esa materia. Se trata de personas que han sido calificadas a partir de gastos e inversiones que hacen otros países en ellos, y que estando en condiciones de prestar un servicio interesante, vienen a hacerlo en este país que no ha invertido nada en ellos. Y nosotros no podemos darnos el lujo de, a través de exigencias que muchas veces no conversan con los estándares que uno pudiera comprender para efectos de mantener la integridad de ciertas profesiones, desaprovechar, a partir de trabas burocráticas, la pertinencia de contar con esas experticias profesionales desarrollándose en el ámbito para el cual fueron adquiridas.

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“Por lo tanto, el agilizar, el contar con mecanismos más eficientes, más racionalizados, más pertinentes y más abiertos del modo en que reconocemos y validamos esas experticias profesionales y técnicas adquiridas en el extranjero para que puedan ser ejercidas en Chile, es un desafío pendiente que tiene el Estado.

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“La pega pendiente la tenemos todos: nosotros, como Extranjería, las autoridades de Educación, en términos de cómo procurar sistemas que al mismo tiempo garanticen un estándar de solvencia o de calidad técnica y, por otro lado, la flexibilidad necesaria para entender que se trata de dinámicas económicas que requieren cierta fluidez y cierta rapidez en términos del tiempo que se toma una persona para revalidarse. No puede ser que una persona se demore cinco años, tres años, en revalidar un título profesional, porque eso no conversa ni con la procedencia ni con la racionalidad de ese proceso de reconocimiento como tampoco con las necesidades de la economía, porque nadie puede estar sin trabajar dos años. Es irreal”.